Artículo escrito por: Júlia Tomàs, Asesora en Igualdad.
El 1 de octubre de 1931 las mujeres españolas consiguieron el mismo derecho que los hombres llevaban disfrutando durante años: el derecho a voto. Pero no fue fácil, como nada lo es en la lucha de los derechos humanos. No solo se resistían diversos sectores políticos, sino que, dentro de la misma lucha feminista, no había consenso en cuál era la mejor estrategia. El debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor protagonizó la lucha por el sufragio femenino en España. Mientras la primera argumentaba que hasta que las mujeres españolas no rehusaran el catolicismo, su voto podría ser manipulado y, por tanto, supondría una amenaza para la República; la segunda defendía el grado cultural e intelectual de las mujeres y que incluir a la mujer en los procesos de votación haría de la República un organismo más sano y fuerte.
Sin embargo, e independientemente de los posibles desacuerdos dentro del movimiento feminista español de principios del siglo XX, ese día se consiguió el sufragio femenino. Pero la lucha por los derechos de las mujeres no acabó con la reclamación del derecho al voto. De hecho, era un mero inicio, una base indispensable que permitió a la mujer ser partícipe de la política y, por tanto, ser ciudadanas activas de la sociedad.
Y es así, como ciudadanas activas, que se han ido logrando los avances de los cuáles disfrutamos hoy. El derecho a voto de la mujer y la expansión del movimiento feminista han sido claves para llegar al punto donde estamos. De hecho, las leyes de igualdad que hoy nos amparan son fruto de todos esos esfuerzos.
Además, a lo largo de los años y, sobre todo, desde el final de la dictadura franquista, las mujeres han ido ocupando más espacio en el ámbito laboral. No obstante, aún hay muchos sesgos inconscientes y prejuicios que obstaculizan y empeoran la vida en el trabajo de las mujeres y otros individuos en riesgo de discriminación.
Así, desde la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, hasta la más reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, todas son producto de una lucha constante por el reconocimiento de los derechos de todos los individuos. En concreto, la Ley 15/2022 vela por la no discriminación de cualquier individuo, ya sea por motivos de nacimiento, etnia, sexo, religión, edad, orientación o identidad sexual, estado serológico, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Dicha Ley se traduce, dentro del ámbito empresarial, en un conjunto de medidas y protocolos que protegen a todos los individuos de las posibles discriminaciones que puedan sufrir. Si bien la implantación de esas medidas y protocolos son una inversión de recursos y tiempo por parte de la empresa, son fundamentales e imprescindibles para el bienestar, la seguridad y la salud mental de toda su plantilla. Desde Igualia, por ejemplo, hemos estado diseñando nuevos servicios (como el Protocolo de Acoso de No Discriminación) que ayudan a las empresas y organizaciones a implantar tales protocolos y medidas o a adaptar sus Planes de Igualdad a los requisitos que dicta esta nueva ley.
Y aunque cada vez que sale una nueva ley en materia de igualdad, esta es motivo de debate y hasta disputa; no debemos olvidar que cuando Clara Campoamor salió a las Cortes Constituyentes a defender el sufragio femenino, muchos (y muchas) también pensaron que exigía demasiado. Sin embargo, en el camino hacia la igualdad real entre todos los individuos, cada paso es un paso crucial y transformador hacia esta causa por la que vale tanto la pena luchar.